Marcha de jubilados en el Congreso: graves incidentes entre Policía, hinchadas de fútbol y otros manifestantes.
La ministra Patricia Bullrich activó el protocolo antipiquetes. Hubo cerca de 150 detenidos y decenas de heridos, uno de gravedad.
Los jubilados, respaldados por hinchadas de distintos clubes de fútbol del país, organizaciones sociales y sindicatos, marcharon este miércoles a la tarde frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, en rechazo a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.
Entre los grupos de hinchas y la Policía se registraron los primeros incidentes pasadas las 16 y los choques se extendieron hasta el anochecer. Las fuerzas de seguridad, además de vallar los alrededores del Congreso, desplegaron camiones hidrantes y usaron tanto gases lacrimógenos como balas de goma para intentar despejar las calles. Luego, algunos manifestantes rompieron parte de las veredas y arrojaron piedras contra los agentes policiales y de Gendarmería. También prendieron fuego contenedores de basura, un patrullero y mobiliario urbano sobre Avenida de Mayo.
Al anochecer oficialmente se informó de 150 personas detenidas por las fuerzas de seguridad y al menos 15 heridos, uno de ellos de gravedad. Se trata de un manifestante que sufrió una severa lesión en la cabeza que le produjo pérdida de masa encefálica y pelea por su vida. El golpe fue provocado por una cápsula de gas lacrimógeno.
El operativo involucró a más de 850 efectivos que intentan mantener despejada la zona. En repudio a la violenta represión policial, se realizó entrada la noche del miércoles un cacerolazo en algunos barrios de Buenos Aires, convocado por fuerzas políticas en las redes sociales.
La previa y los participantes:
"Están nuestras fuerzas desplegadas para hacer cumplir el protocolo: el tránsito no se corta y los barras bravas, sobre la vereda", manifestó este miércoles por redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En medio de la protesta, en la que se vio a un grupo de Rosario Central junto a los de Chacarita, que son los que iniciaron la movida, quedó inmortalizado el abrazo de un canalla con un hincha de Newell's que estaba en el mismo lugar, en primera fila y a pocos metros del cordón policial.
La Policía Federal y oficiales de la Prefectura formaron un cordón humano frente al Congreso de la Nación ante una nueva marcha de jubilados. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había anticipado previamente que activarían el protocolo antipiquetes.
Minutos antes de las 16, llegaron varias columnas de hinchas de Chacarita y Atlanta por Avenida Rivadavia. Un rato después, se registraron los primeros incidentes entre las hinchadas y los agentes policiales, que avanzaban sobre la gente para intentar despejar dicha calle.
Llegaron simpatizantes de Chacarita, Central, River, Boca, San Lorenzo, Huracán, Racing, Vélez, Huracán, Banfield, Gimnasia, entre otros. A los canallas, unidos por una histórica amistad con la barra del Funebrero, se los vio tanto en el corazón de la protesta como en la previa con camisetas, banderas y cánticos en defensa de los jubilados.
Antes del inicio de los incidentes se produjo la salvaje agresión del policía a la jubilada de 87 años que quedó registrada en video y se viralizó en redes sociales.
La marcha no es la primera, ya que se viene haciendo desde hace semanas, pero ahora la novedad es que participan numerosos grupos de hinchadas del fútbol argentino, que se sumaron a la convocatoria que inicialmente realizaron los de Chacarita.
A la movilización también se sumaron dirigentes y militantes de diferentes sectores del sindicalismo, como la CGT y los gremio del transporte.
Los jubilados siguen reclamando mejoras en sus haberes, que en marzo fueron de $279.121,71 más un bono de $70.000, lo que da un total de $349.121,71, cifra que consideran insuficiente. También siguen luchando contra los recortes en los medicamentos del Pami y contra el fin de la moratoria previsional.
A nivel local, en Rosario se desarrollaron concentraciones en la plaza Pringles, en Presidente Roca y Córdoba, y otra en la plaza San Martín frente a la sede de Gobierno, en Córdoba y Moreno.
En tanto, la jueza penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, dispuso la liberación de las 114 personas que fueron detenidas este miércoles en el Congreso de la Nación en el marco de los disturbios que tuvieron lugar entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La magistrada argumentó que estos últimos no aportaron la información necesaria sobre los hechos.
“La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria. No se informaron, en la mayoría de los casos, el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a `los hechos del Congreso de la Nación`. Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en `flagrancia`, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle".
La magistrada se quejó porque a medida que recibía información sobre las detenciones “se volvía más imprecisa”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, relató.
La resolución señala que el delito que más se informó por la Policía fue el de atentado y resistencia a la autoridad. Y no hubo detenidos por delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos.
Andrade detalló en su resolución la situación de los detenidos y presuntas irregularidades en los sumarios que entregaron las fuerzas de seguridad, tanto de la ciudad de Buenos Aires como las federales que intervinieron en el Congreso.
Así, la magistrada recordó un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 en el que hizo referencia a las libertades de las personas. “Cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo”, explicó la jueza.
La magistrada señaló que no solo fue deficiente la información que aportó la Policía, sino que también fue tardía. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”, explicó.
La resolución también destaca que en el caso “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros” y que esos derechos “no pueden ser ejercidos de manera absoluta, que se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”. “No obstante, parece importante destacar que esas leyes que reglamentan el ejercicio de derechos básicos no pueden alterar el sentido o espíritu mismo de esos derechos, tornándolos inoperativos y volviéndolos una ficción sin sentido práctico”, agregó.
Con la libertad de los detenidos todos serán investigados en una causa penal sobre los hechos ocurridos ayer. La jueza señaló que ordenaba las libertades “sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía”. Eso es la causa judicial que se iniciará ahora.
En esa investigación se podrán tomar medidas de prueba, analizar imágenes y otros elementos sobre lo ocurrido ayer en el Congreso de la Nación para determinar si los detenidos tuvieron algún tipo de responsabilidad. También para dar con las personas que cometieron los incidentes y que no fueron detenidos.
FUENTE: ROSARIO3.
